De dónde viene la censura a Rajoy
Publicado
en Página Siete el 1 de junio de 2018
Mariano Rajoy deja el gobierno español
arrastrado a esta situación por su participación en la “trama Gürtel”.
A inicios
de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, junto a la Fiscalía Anticorrupción
y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de España (UDEF), culmina una
larga investigación sobre una trama de corrupción en los tiempos del gobierno
de Aznar, sobre contratos en administraciones públicas gobernadas por el
Partido Popular (PP), a cambio de servicios en sus campañas electorales.
Entre los
años 1999 al 2004, empresas de Francisco Correa aparecen como proveedoras del
PP para elecciones de varias regiones, con irregularidades que son alertadas
por el Tribunal de Cuentas por falta de claridad en las rendiciones de cuentas
del PP. Un mes después, el juez Garzón imputa a dos alcaldes del PP y abre lo
que se conoce como la “trama Gürtel”.
El 2014,
las investigaciones iniciadas por el juez Garzón, estiman que Correa movió 25,5
millones de euros (29,8 millones de dólares) en sobornos a dirigentes del PP.
Ese dinero provenía de adjudicaciones públicas de eventos, entre ellos la
visita del papa Benedicto XVI a Valencia el año 2006, que en no cumplieron los
principios sobre contrataciones administrativas.
Ese mismo
año, la Audiencia Nacional rechaza imputar al presidente Rajoy, pero ve
indicios que el PP se benefició de parte del dinero de la “trama Gürtel”
administrados en una “caja B” y deriva en una fianza de 1,2 millones de euros
(1,2 millones de dólares) impuesta al PP, que es pagada en mayo de 2016.
Las
investigaciones de la “trama Gürtel” empezaron a expandirse como una mancha de
aceite alcanzando a varios altos cargos del PP, como a la condesa Esperanza
Aguirre, exministra de Educación de Aznar, expresidenta del Senado español y
expresidenta de la comunidad de Madrid (2003 a 2012), al que tuvo que
renunciar.
En junio de
2017, la Audiencia Nacional convoca a como testigos a tres exsecretarios
generales del PP y dos exministros del período Aznar. Pero la
imagen más temida por el gobierno sucede el 26 de julio de 2017, cuando el
presidente Mariano Rajoy debe declarar en persona como testigo del caso Gürtel
en la Audiencia Nacional, un hecho inédito en la historia española.
En su
comparecencia, se ciñó al libreto de los políticos que se enfrentan a jueces
imparciales: desconocimiento y desmemoria de todo lo que pasa a su alrededor,
argumentos que le pasarán factura el pasado 24 de mayo, en la sentencia dictada
por los jueces de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia
Nacional, cuando en sus consideraciones afirman que no dan credibilidad a las
declaraciones del presidente Rajoy, y sentencian a 29 de los 37 acusados con
penas de prisión que alcanzan hasta los 51 años y una condena al PP.
Esta
sentencia equivale a un terremoto en la política española. A primera hora del
día siguiente, el PSOE presenta la moción de censura contra el gobierno del PP,
que encuentra el inmediato apoyo incondicional de Podemos y la predisposición a
aceptarla de las representaciones regionales del país Vasco y otras que
apoyaron hasta la fecha la gestión de gobierno del PP a cambio de sustanciales
ventajas para sus regiones, y del independentismo catalán, apoyos que pueden otorgarle
los 176 votos necesarios para prosperar.
Por su
parte, Cs exige a Rajoy convocar a elecciones de inmediato, alentados por el
viento favorable de las encuestas que los colocan como la primera fuerza
política española. Esta propuesta es descartada por Rajoy, porque necesitan
mantenerse el tiempo necesario para enfrentar, con algún margen de éxito, a las
elecciones autonómicas y municipales del próximo año e invocar algún milagro,
que a veces sucede en política, para salvar a su gobierno.
Las propuestas
de Cs y PSOE, en el fondo son coincidentes en aquello de convocar a elecciones
anticipadas, pero con diferencias de plazos y formas. Y el cronómetro empieza a
correr aceleradamente. La
presidenta de Diputados (PP) en tiempo récord fijó para ayer y hoy el
tratamiento del tema y su votación, en la esperanza que PSOE no logre sumar los
apoyos necesarios entre los partidos regionales.
Durante
estos años, la justicia española tuvo obstáculos externos e internos para
llevar adelante esta investigación. Desde la expulsión e inhabilitación por 11
años (2012) del juez Baltazar Garzón de su carrera de magistrado, a la
destrucción de ordenadores y discos duros que eran parte central de las pruebas
en la investigación, o las relaciones comprobadas de dos jueces con el PP, que
pusieron a la Audiencia Nacional en la necesidad de apartarlos del caso.
Todo ese
camino recorrido muestra que cuando existe la debida separación de poderes y la
justicia mantiene su independencia funciona el Estado de derecho.
Algunos datos que respaldan el artículo publicado:
La “trama
Gürtel” no es el único caso que enloda al PP. Hasta la fecha se vienen
investigando otros, con altos cargos del partido investigados o en prisión. Los
más sonados son “Operación Lezo” sobre las obras del Canal Isabel II de Madrid;
“Operación Púnica” ligada también a construcciones y “Papeles de Bárcenas”.
Otro caso que estremeció en este mes al PP es la renuncia de Cristina Cifuentes
a la presidencia de la comunidad de Madrid y a la presidencia del PP Madrid,
por falsificar sus títulos académicos.
En el
juicio del denominado caso Gürtel, la Audiencia Nacional de España sentenció a
29 de los 37 acusados, con penas de hasta 51 años de cárcel. Los más destacados
son:
- Partido Popular: Condenado como partícipe lucrativo, a devolver 245.492 euros.
- Francisco Correa, empresario y cerebro de la organización: 51 años de prisión.
- De las empresas de Correa, las sentencias alcanzan a varios de sus ejecutivos, entre ellos, a José Luis Izquierdo, contable de las empresas de Correa, que manejó unos 25 millones de euros de dinero negro (17 años y 7 meses de cárcel), e Isabel Jordán, administradora de las empresas de Correa (14 años y 10 meses).
- Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego y número dos de la organización de Correa: 37,5 años.
- Luis Bárcenas, Extesorero del PP: 33 años y 44 millones de euros de multa. A su esposa, Rosalía Iglesias, la condenan a 15 años de prisión.
- Guillermo Ortega, exalcalde de Majadahonda (Madrid): 38 años.
- Alberto López Viejo, exconsejero de la comunidad de Madrid y exmiembro de la dirección regional del PP-Madrid, acusado de adjudicar a Correa la organización de centenares de eventos a cambio de comisiones: 31 años de cárcel.
- Jesús Sepúlveda, exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y exsenador: 14 años de prisión. A su exesposa, Ana Mato, exministra de sanidad y exdiputada del PP, la condenan a devolver 27.800 euros.
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